Derechos Humanos, el gran pendiente en Puebla

El Quiosco

Luego de las cuatro recomendaciones por violaciones a derechos humanos emitidas a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla durante el 2016 y una más a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el último mes del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, el gobierno del estado sumó tres señalamientos más por agravios a las garantías individuales.

De acuerdo con la información disponible en la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), las dos primeras fueron emitidas el 19 de enero en contra de Roberto Rivero Trewartha, entonces director del ISSSTEP y de Salvador Escobedo Soleto, también entonces titular de la Secretaría de Salud.

El recurso enviado al ISSSTEP se deriva de violación al “derecho humano a la protección de la salud”, mientras que la recomendación dirigida a la SSEP fue sustentada en violaciones a la “seguridad jurídica e integridad, seguridad personal y derecho a la salud”.

La tercera recomendación fue dirigida el 24 de enero, de nuevo a Víctor Antonio Carrancá Bourguet, fiscal General del Estado, convirtiéndose también en la última del sexenio morenovallista. Esta por vulnerar el derecho a la “seguridad jurídica, integridad y seguridad personal”.

Sobre los tres casos, la CDH no ha hecho públicos los hechos que originaron las recomendaciones, mismas que se encuentran en trámite.

Cabe señalar que las recomendaciones son emitidas por la CDH, como segundo recurso cuando los imputados rechazan una conciliación con la parte afectada para resarcir el derecho humano vulnerado.

Con estos recursos, la Fiscalía sigue estando a la cabeza en recomendaciones recibidas y el Estado sigue siendo el que más violenta los derechos fundamentales de sus propios gobernados. Uno de los grandes pendientes que hereda el gobierno entrante de José Antonio Gali Fayad y para el cual únicamente tiene 20 meses de administración.

Lo controversial de las agresiones cometidas por el estado, es que se han registrado desde las dependencias con mayor contacto con la sociedad, tales como: justicia, salud y educación. Desde las que se debería impulsar la protección de las garantías fundamentales de un ser humano y no la reproducción de acciones en su contra.

El otro bastión de agresores identificados en el reporte 2016 estuvo conformado por policías municipales y Ayuntamientos, por hechos que van desde prohibir el acceso al agua hasta atentar contra la el derechos fundamental a la vida.

Twitter @mecinas


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